El daño no es sólo el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente daño a una persona.

Nuestro equipo presta asesoría y representación con enfoque estratégico-jurídico, generando soluciones integrales a las necesidades de los involucrados en las controversias de acciones reparatorias por daños ocasionados que se inicien contra las instituciones públicas. El Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Cuando se generan daños relacionados con la prestación de un servicio estatal, o este se presta de forma indebida; la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan; o se presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal, desencadenando una responsabilidad que se proyecta indistintamente en los ámbitos precontractual, contractual y extracontractual.